TIERRA Y PUEBLO
Por Rodolfo A. Ordaz Hdz.
El presente artículo propone enlazar nuestra problemática específica dentro del proceso general de defensas que se están dando en el territorio oaxaqueño, nuestra lucha se dirigió necesariamente al encuentro con los procesos organizativos desde sus diferentes niveles en la acción del Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas mineras. Lo que presento es la relación de aspectos categóricos de una lectura que se ha negado a desaparecer en el discurso social de este pueblo, Miahuatlán.
Situar exactamente nuestra problemática en un plano conceptual extenso es una tarea necesaria que por su amplitud exige la activación de un referente formativo-que siempre ha sido la tarea de nuestro Conjunto-con fines de difusión social de la información, aclarando el contexto donde este discurso y acción histórica han tenido cabida.
Lo que fue presentado por los medios como proceso aislado (http://www.oaxpress.info/los-vividores-del-fpr/), donde no existe inversión para la explotación minera pero sí información de una concesión sobre el territorio miahuateco, vuelve necesaria la presente aclaración, para cuestionar las motivaciones que dirigen el encubrimiento o la anulación de decisiones que emanan en procesos colectivos y dónde las comunidades son las principales implicadas, por su afectación en términos de política ambiental dentro del territorio municipal. El silencio profundizado evadió la responsabilidad pública, la decisión se asumió indistintamente, a la fecha no hay pronunciamiento oficial de los firmantes como autoridad vigente, dejando en duda un acta que declara, en la vía legal de la libre determinación: la prohibición del municipio de Miahuatlán de Pofririo Díaz para el extractivismo minero.
El silencio repentino de la sociedad ha motivado el presente texto, como búsqueda teórico-práctica desde la metodología marxista del fenómeno, el cual refrendamos como herramienta para la comprensión de la realidad de los pueblos. La problemática aquí esbozada puede exceder los límites del mismo artículo y ser ensayado de varias maneras.
Producto fundamental del presente proceso ha sido el necesario reconocimiento de la existente Tierra a la cual está ligada la vida de los pueblos, pero no vista como el objeto abstracto del sujeto enajenado, sino como natural materialidad concretizada en la forma social del pueblo.
La idea surgió precisamente a raíz de la muerte de Samir Amin, por ahí de agosto del presente año (2018), cuando llevábamos acabo la conformación de las asambleas en las comunidades afectadas por la concesión minera de ArcelorMittal en nuestro municipio. Fue inevitable pensar en la suerte común que marxismo y vida rural comparten -ésta entendida como sustancia agronómica de producción- lo que nos permitió situar el problema de la Tierra en relación con la vida campesina.
Ambas, marxismo y tierra, han tejido relaciones con el pueblo, e históricamente han resistido a la implantación oficial de Megaproyectos que sin consentimiento previo ni mecanismos de información se abren su paso muchas veces hasta por la vía de la violencia en los territorios.
¿Por qué nos sigue incomodando hablar de la tierra desde el marxismo? La respuesta no puede ser clarificada sin que entendamos el proceso largo de las luchas campesinas como historia de resistencia. Las determinaciones dominantes del modo de producción son fundamentales para el desarrollo de la realidad que se vive en apariencia como inofensiva e inconsciente. Bartra lo ha dicho, es necesario entender al capital en su laberinto, un lugar donde de por sí las contradicciones no se demuestran inmediatamente, sino bajo la huella perseverante de los ritmos sociales de esa resistencia.
Ese yermo que es Tierra se va mostrando a pedazos, como cúmulo de explotaciones y opresiones arraigadas, pero que por las circunstancias del tiempo transmutan; la desfragmentación no es sencilla, la tendencia de la pequeña propiedad muchas veces anula los fines colectivos, las defensas comunes se van apagando a manera que la propiedad privada decide contaminarlo todo con la indiferencia del sueño pequeño burgués. El capitalismo está en la tierra nos diría Samir, por ahí camina su planteamiento radical marxista. El concepto formación social implica precisar el contenido de la expresión “dominio de un modo de producción”, y éste es precisamente el capitalista. Desgranar el problema de los Pueblos y la Tierra comienza por desgajar el Capitalismo como modo de producción dominante, sobre otros, que a la vez son combinantes y dan origen a la Forma.
Toda historia agraria comienza por entender esa Tierra, los sucesos ecológicos que la precisan, comprendiendo radicalmente las vinculaciones entre sociedad y medios naturales. La educación, pero también la investigación, juegan su papel fundamental. Reducir problemas que son totales nos hace solamente perdernos en el laberinto de la categorías sin esencia precisa, y las proposiciones se tornan negruscas por su parcialidad sin dialéctica.
El análisis critico de la realidad rural no puede hacer a un lado la extensión de los intereses económicos extractivistas que están concentrados en los territorios. Samir es muy claro en este punto, la tendencia que sigue el capitalismo en la tierra es a la homogenización y dominación completa sobre los otros modos, a desaparecerlos completamente: “Esto significa que en las formaciones capitalistas los modos de dominación mientras que subsisten, son profundamente alterados, transformados, desfigurados, a veces vaciados de su contenido”(Samir Amin, 1980, p. 30).
Desentrañar los modos del sistema de las formaciones sociales rurales es un proceso largo que se mide por el avance de las luchas campesinas y su conciencia, que en contradicción a los dominios establecidos emergen como brote esporádico de la situación de clase, su composición y recomposición, en el territorio preciso de la vida. La tarea pues no es fácil, la realidad de la tierra es mistificada, y en los casos extremos, silenciada por los aparatos de control que someten las lecturas críticas al exterminio. Es por todos conocido el desplazamiento que la lucha campesina, concreta, teórica y prácticamente, ha recibido en los centros de estudio, y también por las instituciones gubernamentales, el caso más claro en estos momentos es Ayotzinapa.
Duele aceptarlo, pero el gobierno no ha reconocido los derechos campesinos desde hace mucho, el campesinado se debate en profunda lucha que tiene como centro su existencia. Desde esta propuesta teórica abordamos el principal medio del trabajo que es el territorio. De ahí la comprensión de nuestra defensa.
¿Qué significa entonces vivir en la Tierra? La presencia determinante de la forma del sistema que lo delimita. Hacia adentro las relaciones que dan vida a la ruralidad aparecen inexactas, en su interior el campesinado permanece indefinido cuando su historia de clase es olvidada. Teóricamente el sentido primordial del origen de su desarrollo agrario está en la renta. Ésto sin embargo no fija su existencia como irremediable, su historia está en resistencia por su escasez:
“En el caso del desarrollo desigual de industria y agricultura, la inferior composición orgánica de la segunda está íntimamente vinculada a un proceso de trabajo que incluye como factor fundamental la tierra, y ésta, si bien puede ser formalmente capital al tener un precio y volverse mercancía, se resiste sin embargo a su subsunción real”. (Bartra, 2006, p. 74)
La disparidad que se va marcando en el entorno social del desarrollo impuesto marca la diferencia con que las contradicciones son relacionadas en la plusvalía. Sus valorizaciones intrínsecas originan procesos de distinción que siempre están presentes en los grados de pobreza. La entrada al problema de la tierra como territorialización del capital son básicas en la conexión que de histórica va guardando su sustancia problemática. En ese contexto la exposición no desmide la importancia de factores, que claramente desmienten procesos amplios de despojo en los bienes comunes naturales de los pueblos.
Es por todos conocida la situación presente en Valles Centrales por el tema de la minería. La expansión de concesiones geográficamente es alarmante (211,428 ha). El problema sin embargo no es moda, todo se profundizó a partir de la política económica neoliberal, que desde los años 90 ha visto la tierra como mercancía y que entre 2011-2012 concentró el mayor número de superficie y títulos otorgados. Si meditadamente se pretende en la anulación de información ocultar un mercado cambiante de concesiones, es porque de esta manera podemos ver operar la ingeniería del conflicto político-social en la Sierra Sur. El acceso libre a los datos exactos sobre cada concesión del país empezó hace unos 6 años. Es por eso que sabemos de la concesión en Miahuatlán a ArcelorMittal, acto administrativo realizado desde el año 2006.
Acercamiento con los campesinos de Valles Centrales.
La cercanía con el conflicto de San
José del Progreso ha sido el termómetro en los últimos años de
los movimientos sociales que tienen como referente la tierra en la
Sierra Sur. La resistencia tejida ha combatido la red de
contrainformación que busca confundir a campesinado y pobladores
sobre las verdaderas consecuencias en la minería de gran escala.
Todo esto en procesos de ampliación de Megaproyectos del cual
Miahuatlán también ha sido escenario.
El logro de unir esfuerzos en la vida se da por la necesidad común de defender formas sociales de arraigo campesinas, la mayor superficie llana entre las sierras vistas al sur de Puebla (Whitecotton, 1977) es la que está siendo carcomida en sus entrañas por la empresa Fortuna Silver Mines.
La empresa canadiense adquirió en el mercado de concesiones las que van de Ocotlán a Ejutla, la cercanía con la frontera territorial de Miahuatlán, que por roca metamórfica es considerada región minera, nos pone en riego de ser asignados como posibles territorios de explotación, esto se incrementa si reconocemos la retención tan larga de la concesión LA MICA II en nuestro municipio.
La expansión minera que se está dando
en Valles Centrales ha sido violenta: asesinato de defensores de la
tierra, desplazamiento y contaminación de comunidades. La represión
busca opacar los verdaderos intereses que están detrás del control
territorial.
La experiencia organizatoria que se da en el Encuentro “¡Sí a la vida, No a la minería!” nos cohesiona para buscar alertar en nuestros territorios sobre la amenaza constante de las especulaciones mineras, así también de las consecuencias que tendría en los pueblos de Valle y Sierra la ampliación de la explotación extractiva.
La falta de estudios sociales sobre la renta de la tierra.
Es necesario redefinir el análisis sobre las cuestiones agrarias desde la actualidad social del fenómeno, que es organizativo y está en movilización, pues la afectación material del extractivismo minero tiene afectaciones ecológicas inmediatas. El uso de conceptos clave no puede pensarse como una exageración que menosprecie la capacidad de entendimiento de los pueblos, pues son principalmente éstos los que nos enseñan mediante los procesos de defensa-cuidado de la vida, y donde las herramientas teóricas toman su vivacidad en luchas campesinas vigentes.
La realidad de nuestros pueblos es periférica, ésta a nivel mundial acoge a la mitad campesina de la humanidad. La colonización extractiva beneficia al capital del centro en su conjunto, el proceso de apropiación-despojo por parte de los países centrales profundiza la crisis social de nuestro tercer mundo en resistencia rural(Samir, 2018).
La contradicción socio-histórica de la vida campesina es también necesidad teórica, en 1980 la mayoría de las investigaciones desatendían el problema sustancial de la cuestión agrícola: la economía nacional dependiente y desarticulada. De 1940-1970 el capital extranjero invertido en la agricultura avanzó del 7% al 60%; el financiamiento multinacional colocó en todos esos años a funcionarios agrícolas acordes a los intereses de la participación de ese capital (Gomezjara, 1980). Colocar estos datos nos permite cuestionar a las instituciones educativas y sus políticas pedagógicas determinadas por procesos integradores que defienden modelos de explotación basados en el capitalismo extractivista. En 1950 sucedía con la llamada “revolución verde”, que expandió las variedades mejoradas de trigo y maíz. Desde 1976 la secretaria de agricultura autorizaba a algunas compañías trasnacionales como la Northrup King, Asgrow, Dekalb para realizar investigación agrícola en mejoramiento productivo-tecnológico. La orientación tecnócrata y modernizadora ha dominado desde 1970.
La satisfacción del optimismo desarrollista también se da con el modelo minero, promueve la extracción de los recursos minerales como salida económica a los problemas que la misma explotación capitalista en la agricultura ha ido produciendo.
El control del agrocapitalismo no implica el sometimiento total de la Tierra, los 70 también son los años de la respuesta organizada del campesinado al desarrollo desigual en la economía agrícola. Es a partir de esta crisis que comienzan proyectos de enseñanza democratizada y ligada directamente a la realidad social y cultural del medio rural, dándose importantes experiencias académicas de investigación, docencia y divulgación vinculadas al estudio crítico de la renta capitalista de la tierra. Los análisis de este tipo delinean no sólo problemas exteriores de la economía rural, sino también sus realizaciones internas mediante los procesos de luchas sociales en el campo.
El análisis de Samir centra también al colonialismo como mecanismo del capitalismo realmente existente, con sus efectos sobre la cultura política de las periferias. En el contexto esbozado habría que preguntarnos por qué se calla un proceso que sus implicaciones a nivel territorial ha rebasado ya las proporciones de ser una explotación alejada, o sin afectaciones, y que pretendan presentarlo como mero “rollo de la minería”.
Volver la mirada al campesino-vida nos ayuda a desalambrar los límites del Estado, la renta dineraria fortalece la forma jurídica del monopolio eterno sobre el territorio. La disolución de las rentas precedentes genera un mecanismo de represión-control que es visible en el fortalecimiento de grupos de poder interno que funcionan también como guardias blancas. La condición periférica se subsume a una lógica formal que no contrarresta su carácter absoluto, la renta por concesiones ejemplifica el aspecto de esta crisis visible en las contradicciones rurales: el aporte de la minería a las finanzas públicas es del 0.35%(OXFAM, 2018). El monopolio sobre los recursos minerales del subsuelo profundiza formas de despojo socializado, represión y criminalización a las defensas ambientales desde el exterminio de la vida rural-campesina. Los derechos negados por el Estado son los de este sujeto colectivo olvidado, el campesinado, y que se define básicamente por su derecho a existir en la Tierra.
Si ampliamos la óptica, el distrito se nos muestra distinto, su notable silencio es producto de una lógica de callamiento que opera en la Sierra Sur, demostrando la necesidad de estudiar el fenómeno de la renta de la tierra en los pueblos. Desconocer los avances de la crisis capitalista en el territorio conlleva a ocultar los desastres ecológicos actuales, y futuros.
Proceso de expulsión-emigración de campesinos.
Desde 1992 la política económica neoliberal ha favorecido el extractivismo minero. En 1990 el 47% de los municipios del distrito de Miahuatlán presentan concentración estructural en la producción agraria. En el artículo científico “Una decada de desigualdad social y concentración de la estructura productiva en el Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, 1990-2000” los autores concluyen que la desigualdad social guarda relación directa con la escasa diversificación en la estructura productiva, los municipios donde predomina la agricultura están más propensos a la desigualdad económica.
Adecuando el análisis desde la renta de la tierra, el problema de escasez en panoramas de dominio agrícola llega a ser correcta, sin embargo la diversificación misma de la economía no implica la superación de la producción agraria y su importancia dentro del proceso de acumulación capitalista. Las actividades que representan mayor crecimiento son los rubros de construcción, comercio, transporte y servicios comunales. Lo que sí sucede en términos de circulación es la desventaja a la que se somete la reproducción agronómica, como explotación de transferencias excedentes y que dan forma al intercambio desigual, sin el entendimiento de ésta subsunción dentro del ciclo-capital no se logra comprender por qué en los factores “no existe una relación directamente proporcional entre la desigualdad social y la estructura productiva para el año 1990”(Varios,2014).
El desarrollo en la capitalización de la tierra es la fuente del problema, y sólo por esta vía podemos llegar a comprender las consecuencias sociales de la minería en los territorios, y que nos dice Samir es muchas veces “ignorada” al hablar desde la ruralidad: el control de la tierra, es decir, el acceso a la disposición de las fuerzas de la naturaleza. La valorización es la clave dialéctica.
La tendencia del comportamiento de la inversión capitalista responde a una diferente temporalidad en las dinámicas rurales. La localización interna de las diferenciales condiciones de vida, la ampliación de los lazos de monopolio, la profundización comercial, genera sus propias transferencias de plusvalor, entre 1990 y el 2014 América Latina y el Caribe (ALC)tuvo un ciclo exitoso en la reducción de la pobreza. La pobreza monetaria rural descendió en casi 20 puntos porcentuales, de un 65,2% a un 46,2%, y la pobreza extrema rural de 40,1% a 27,5%. Sin embargo, a partir de 2012 se inicia un período de estancamiento en la erradicación de la pobreza monetaria, y, en años recientes, la región retrocede(FAO,2018). Para el año 2010 el mapa de CONEVAL indica la pobreza moderada en la mayoría de los municipios de la Sierra Sur con un índice del 25-50% de la población. Los pobladores rurales se encuentra en situación de pobreza, y uno de cada cinco pobladores rurales pasa hambre (pobreza monetaria extrema) (CEPAL 2018, p. 6).
La pobreza monetaria está relacionada con la circulación del capital directamente, habría que preguntarnos: ¿Por qué periodos de bonanza extrema no han podido reducir la pobreza rural sino incrementarla? Cuando en 2013 el gobierno federal inauguró las prisión federal de Mengolí de Morelos, dijeron que la construcción tuvo un costo aproximado de cinco mil millones de pesos (Excelsior,2013). La cuestión se agrava sin consideramos la meta 2 de la ODS 1 determinada por FAO: “ ‘Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales’, y tomando en cuenta el ritmo de reducción de los últimos cinco años, los países que sí alcanzarían la meta en sus zonas rurales al 2030 serían: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y la República Oriental del Uruguay. Por su parte los países que no alcanzarían le meta serían el Estado Plurinacional de Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana”. Desde las fuentes marxistas la realidad rural toma nuevo sentido, en pronunciamiento anterior aclarábamos el siguiente dato en el caso Miahuatlán: 47 % del suelo aún está destinado para la producción agrícola (dato aproximado del prontuario municipal 2005), trabajado aproximadamente por el 20% de la población económicamente activa (http://fiodordostoyevskiautogestivo.blogspot.com/2018/08/page-margin-2cm-p-margin-bottom-0.html).
En nuḿeros absolutos y porcentuales puede verse claramente el subdesarrollo de la pobreza en el municipio de Miahuatlán: aunque en términos absolutos pareciera haber un decremento del porcentaje total de pobres, el incremento poblacional de los últimos años deja ver una lógica de empobrecimiento en el territorio, la diferencia entre la reducción de pobres extremos en 3216 pas. y el incremento de pobres moderados en 6863 pas. arroja un incremento total de los pobres en 3647 personas (2010-2015). Esto en análisis referido de uno los municipios donde se reduce la desigualdad por diversificación. La lógica puede tener dos motivos: la desarticulación de las condiciones normales de vida en la economía rural, y posiblemente, también, la inmigración de la pobreza distrital. Previa aclaración de que existe una desviación de la pobreza extrema en dos tabulados del mismo CONEVAL, en una sitúa en 34% la población total de los pobres extremos, y en otra el 26%, en el mismo año (2010).
La situación es claramente de estancamiento económico con incremento de pobreza en el municipio de Miahuatlán.
Organización y resistencia
La constitución de la Asamblea de los Valles Centrales contra la Minería enlazó nuestros movimientos, dando forma al proceso actual del Juicio Popular y Comunitario contra las Empresas mineras y el Estado. La lucha, resistencia, y defensa de la economía rural es histórica en nuestro territorio. Actualmente se ha conformado en esta parte de la Sierra Sur un Frente Regional que activó la movilización social para exigir al actual cabildo la prohibición de la minería. Mediante acuerdos asamblearios se construye un proceso social que visibiliza el olvido en el cual está la cuestión campesina, así también el abandono de temas como el cuidado, preservación y reproducción de los bienes comunes naturales y culturales.
En nuestro caso hemos visto autoridades que se han mantenido renuentes a la política ambiental de pleno respeto ecológico, que tiene a los campesinos y su cultura como principal valuarte. Lo que se vive como contradicción en la economía rural es el producto social del desencadenamiento de los intereses neoliberales y sus circunstancias históricas. La represión a los luchadores sociales vinculados al campesinado se ha dado desde los años 80, y que coincide con la entrada en vigor de los primeros acuerdos financieros internacionales.
La resistencia campesina sigue organizandose, e incipientemente ha logrado demostrar su existencia en la asamblea del 26 de septiembre, dando forma al Frente de defensa territorial, expresando sus primeras exigencias desde el pueblo y la ruralidad: ¡No a la minería! La Asamblea del Pueblo Chontal ha manifestado también su rechazo al extractivismo desde el año 2017.
La pregunta clave siguen siendo la misma: ¿Por qué no reconocer la defensa ambiental del territorio como principio rector de la vida municipal? Son varias cuestiones las que están en la mesa. Las administraciones han demeritado la conciencia sobre las consecuencias del neoliberalismo en el territorio, y también las instituciones educativas no han abierto panoramas de información con los pueblos donde queden claras las afectaciones socio-ambientales de los megaproyectos de muerte.
El neoliberalismo actual es colonizante y dependiente, las propuestas económicas que buscan dar una respuesta a la crisis rural se ideologizan si dejan de lado la dinámica de los sectores sociales durante los periodos de la renta de situación. La diversificación estructural puede convertirse en apologética del desarrollismo si externaliza en los modelos las contradicciones que emergen en los fenómenos situados. Muchos dirán que es inevitable tanto como necesario el progreso, pero también lo es la tierra y un medio ambiente sano.
La ecología social no perfila como política de gobierno, las administraciones no dejan de reproducir crisis contaminantes. La orientación política del Estado ha sido la destrucción de los territorios. La información certera sobre la ruptura del equilibrio de la vida por la incidencia de empresas tan peligrosas para el medio como la minería se dirigen bajo la línea gubernamental del acallamiento y la componenda. La masacre de l@s luchadores sociales durante este año, como el de CODEDI, se pueden entender desde las resistencias que éstos han hecho a los megaproyectos y la terquedad del Estado para desarticularlas violentamente.
La política de los bienes comunes es fundamental para el territorio, en nuestro caso la distribución de la propiedad está así por porcentajes:
El bien comunal aunque es existente en Miahuatlán no tiene presencia organizativa y funcional, casi al mismo nivel que la cuestión campesina. La composición ejidal nos demuestra la fuerza de la presencia campesina.
El censo agropecuario del 2016 nos da un dato importantes sobre la cuestión campesina y el uso de suelo:
Uno de los datos alarmantes que contrarresta la anterior gráfica es el siguiente:
Vemos que aunque los propietarios
ejidales siguen siendo importantes en número, en términos de
superficie domina la propiedad privada, esto puede desembocar en la
enajenación de los territorios agrícolas, la tierra como mercancía
subsume al campesino a la lógica de la desposesión privada. Ésta
circunstancia es aprovechada por los megaproyectos, promoviendo la
desarticulación de la economía rural.
En su último texto Samir, antes de morir, regresa sobre Fanon, concentra su atención en los microcosmos del sistema colonial, y habla sobre aquellas minorías beneficiadas por el sistema capitalista mundial, el concepto con que las describe es la renta de situación, expresada así en nuestros territorios:
Bibliografía
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Amir, Samin (1980). La cuestión campesina y el capitalismo. México:Editorial Nuestro Tiempo.
-
Amir, Samin (2018). Frantz Fanon en Africa y Asia. Suplemento de La Jornada.
-
Bartra, A. (2066). El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida. México: Itaca, UACM, CEDRSSA.
-
Gomezjara, F. (1982.) La lucha por la tierra debe ser contra el capital. México: Ediciones Nueva Sociología.
-
Varios (2014). Una década de desigualdad social y concentración de la estructura productiva en el Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, 1990-2000. Revista Salud y Administración. Vol. 1; México: UNSIS.
